Filipinas: Las Violaciones de Derechos Humanos y el Movimientos Obrero

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA350161991?open&of=ESL-366

Amnistía Internacional le preocupa la persistente situación de graves violaciones de los derechos humanos de los sindicalistas de Filipinas. Las víctimas han sido, en su mayor parte, personas acusadas por las autoridades de simpatizar con la insurrección armada, o miembros de sindicatos considerados como "tapaderas" del ilegal Partido Comunista de Filipinas. Las violaciones comprenden ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros de las fuerzas gubernamentales y fuerzas respaldadas por el gobierno.

Algunos miembros y activistas de los sindicatos han sido víctima de detenciones arbitrarias y desapariciones, y muchos de ellos han sufrido torturas y malos tratos durante su custodia por la policía o el ejército. Algunos destacados sindicalistas han sido además condenados en juicios que pueden no haber tenido las debidas garantías, y algunos de ellos serían considerados presos de conciencia si fueran retenidos por los cargos que actualmente pesan sobre ellos.

Amnistía Internacional piensa que todos los trabajadores deben tener libertad para realizar actividades sindicales pacíficas y conformes con la ley, sin temor a que las fuerzas gubernamentales o con respaldo gubernamental violen sus derechos humanos. Dentro del movimiento sindical, las principales víctimas de las violaciones de derechos humanos han sido los miembros del Kilusang Mayo Uno (KMU) y de la Federación Nacional de Trabajadores del Azúcar, afiliada al KMU. Ambos sindicatos se cuentan entre los más activos y acérrimos críticos del actual gobierno. Cabe destacar que no se han limitado en sus críticas a cuestiones de salarios, precios y subsidios. Han entrado en debates políticos más amplios, como por ejemplo, el debate sobre el futuro de las bases militares estadounidenses existentes en el país, y sobre el papel de los militares en la política filipina.

Las violaciones de derechos humanos contra los sindicalistas se han producido en el marco de una prolongada lucha armada que enfrenta a las fuerzas gubernamentales con el Nuevo Ejército del Pueblo, brazo armado del Partido Comunista de Filipinas. Tras la caída del presidente Marcos en 1986, el nuevo gobierno manifestó su compromiso de defender los derechos humanos, confirmado por una inicial disminución de las violaciones de los derechos humanos y por la introducción de una serie de garantías judiciales y de otros tipos. Sin embargo, a partir de primeros de 1987, cuando fracasaron las negociaciones entre el gobierno y los insurgentes, este compromiso parece haber perdido fuerza.

Algunos civiles desarmados, especialmente los que participaban en actividades sindicales, sociales, comunitarias o de derechos humanos, han sido objeto de graves violaciones de derechos humanos. Estas se han justificado desde el "enfoque total" del gobierno (conocido popularmente como "guerra total") en la lucha antisubversiva, que ha consistido en debilitar la base organizativa de los legítimos adversarios civiles del gobierno así como los elementos armados del movimiento de insurgencia.Las fuerzas que participan en la campaña del gobierno contra la insurrección comprenden al ejército filipino, a la Policía de Filipinas, paramilitar, (sustituida en enero de 1991 por la Policía Nacional de Filipinas), a unidades paramilitares auxiliares conocidas como Unidades Geográficas de Fuerzas Armadas de Ciudadanos (UGFAC), a los Auxiliares Activos de las UGFAC Especiales, y a los grupos civiles autorizados que se conocen como Organizaciones de Autodefensa Voluntaria Civil. Además, se sabe que diversos grupos armados extraoficiales, como los grupos armados de "vigilantes" anticomunistas y los agentes de seguridad de las compañías privadas, han intervenido en operaciones contrainsurgentes con el apoyo o la conformidad de las fuerzas gubernamentales. Los sindicalistas han sufrido violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de todas las fuerzas previamente enumeradas, pero en particular han sido presa de las perpetradas por miembros de grupos armados paramilitares y extraoficiales.

No toda la violencia dirigida contra los sindicalistas puede atribuirse sin más a las fuerzas de seguridad del gobierno o a quienes actúan con su apoyo o su consentimiento. Una parte es obra de guardias de seguridad privados o de "goons" [matones contratados] que actúan exclusivamente para la empresa privada, aparentemente sin cooperación militar o policial. En otros incidentes, se cree que los propios sindicalistas han cometido actos de violencia contra miembros de sindicatos rivales. La fragmentación y las divisiones en el seno del movimiento obrero y la profunda rivalidad entre los sindicatos han contribuido a crear un clima de violencia y un modelo de enfrentamientos violentos en los piquetes, en las asambleas sindicales y en conflictos de mayor duración.

Amnistía Internacional es consciente de que también los miembros de la oposición armada han cometido abusos contra los sindicalistas, y no disculpa los actos de violencia contra civiles desarmados. La organización reconoce que la existencia de un oposición armada puede plantear a los gobiernos especiales dificultades para el mantenimiento del orden y la estabilidad política. No obstante, para Amnistía Internacional los actos violentos de grupos armados de la oposición nunca pueden servir para justificar violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad u otras que actúen con su apoyo. Los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Amnistía Internacional considera que en contextos de insurrección armada, cuando se corre el riesgo de que los miembros de las fuerzas de seguridad ignoren los procedimientos jurídicos normales y las garantías de los derechos humanos, estos derechos precisan de una vigilancia extraordinaria.